España aprueba un decreto que permite a los
españoles elegir ser tratados en otro país de la UE
El Consejo de
Ministros ha aprobado un Real Decreto con el que se incorpora al ordenamiento
jurídico español la directiva europea sobre derechos de los pacientes en la asistencia
sanitaria transfronteriza, que entró en vigor el pasado 25 de octubre y permite
a los ciudadanos europeos elegir ser tratados o recibir atención sanitaria en
otro país distinto al de origen.
El Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha sido el encargado de elaborar la
norma que traspone dicha directiva aprobada en 2011 que, entre otras
cuestiones, regula el reembolso de los gastos que conlleva dicha atención, el
reconocimiento de recetas y el acceso a la historia clínica de los pacientes.
El objetivo de la
misma es facilitar a los pacientes de la Unión Europea el acceso a la
asistencia sanitaria transfronteriza y garantizar la calidad y seguridad de la
misma.
En principio,
cuando un ciudadano decida ser atendido en otro país deberá abonar el coste de
los servicios sanitarios que reciba por adelantado "y después serán
reembolsados por el país de origen al precio que marque el país de
destino", según explicó la secretaria general de Sanidad, Pilar Farjas,
durante unas jornadas sobre este tema organizadas en octubre en la sede del
Parlamento Europeo en Madrid.
No obstante, las
autoridades nacionales pueden introducir un sistema de autorización previa en
caso de que la asistencia requiera la hospitalización de al menos una noche, en
casos muy especializados o muy caros, o en casos graves relacionados con la
calidad o seguridad de la asistencia en el extranjero.
En este sentido,
el Real Decreto que se aprobará este viernes fija las condiciones para que los
españoles puedan solicitar dicha atención, en qué casos será necesaria una
autorización previa y como se procederá al reembolso una vez regresen a España.
El precio de las
prestaciones, según puntualizó entonces Farjas, lo marcará cada servicio
autonómico de salud y en principio no ha de ser el mismo en todas las
comunidades. "Lo que la Unión Europea exige es que las tarifas sean
conocidas, públicas y transparentes, y que se apliquen con independencia del
ciudadano que pida la atención sanitaria", ha aclarado.
Para ello, el
Ministerio pondrá a disposición de los ciudadanos una oficina de información en
la que ciudadanos de otros países podrán consultar estos y otros datos, como el
listado de prestaciones y centros, así como el registro de profesionales
sanitarios.
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